A 9 meses de la denuncia: Contraloría aún no resuelve legalidad de la contratación del exfiscal Guerra en La Florida

En octubre pasado, la diputada Daniela Serrano ofició a la Contraloría General de la República, con el propósito de que informara respecto a la legalidad de la contratación del exfiscal Manuel Guerra en la Municipalidad de La Florida, durante la alcaldía de Rodolfo Carter. Sin embargo, a nueve meses de la solicitud, aun el ente contralor no se ha pronunciado al respecto.

El 1 de octubre de 2024, la diputada Daniela Serrano ofició a la Contraloría General de la República, con el propósito de que informara respecto a la legalidad de la contratación del exfiscal Manuel Guerra en la Municipalidad de La Florida, durante la gestión de Rodolfo Carter.

Según se lee en el documento al que tuvo acceso Contrapoder Chile, en el año 2023, el alcalde Carter presentó como el nuevo “Defensor de la Gente” en la comuna a Manuel Guerra, por lo que el 2 de febrero de 2024, y mediante el Decreto N°123 de dicho municipio, se reconoció y contrató los servicios del exfiscal mediante la modalidad de honorarios, para prestar servicios en gestionar ingresos de requerimientos en materias jurídicas, asesorando de manera judicial y extrajudicial frente a la comisión de delitos violentos, y llevar a cabo estrategias jurídicas para los procesos penales.

“Dicho contrato, cuya vigencia se reconoce desde el 01 de febrero del 2024 hasta el 31 de diciembre del mismo año, considera un valor bruto mensual de $4.637.681 por la prestación de servicios a la Municipalidad. Lo que llama la atención de esta contratación, es el hecho público de que, durante el año 2018, durante una acusación por presunta malversación de fondos, apropiación indebida y fraude al fisco, en la que participaron los entonces concejales/as Nicolás Hurtado, Marcela Abedrapo, Claudio Arredondo y Nicanor Herrera, el entonces fiscal Regional Manuel Guerra, decidió no perseverar en la investigación, independiente de que el Consejo de Defensa del Estado se querelló y pidió que se siguiera investigando”, se detalla en el oficio.

Por lo anterior, la diputada Serrano solicitó que Contraloría informara sobre la legalidad de la contratación de Guerra, considerando sus gestiones previas en su rol en el Ministerio Público en una causa por malversación de fondos contra la misma municipalidad que lo contrata, y si existiría un conflicto de intereses o no.

Ante esto, este medio conversó con Daniela Serrano quien aseguró que ya llevan varios meses esperando un pronunciamiento de la Contraloría, sobre si los actos administrativos se cumplieron en el orden de la ley, especialmente cuando es la contratación de un exfiscal que tuvo nexos con Luis Hermosilla.

“Creemos que era importante al menos haberlo investigado a tiempo o haber tenido un pronunciamiento. Sin embargo, no es tarde. Tal como se ha explicitado existe mucha rigurosidad con cualquier tipo de funcionario público, y quiero decir esto porque sobre todo en el proceso del nombramiento del exfiscal sucedieron distintos tipos de anomalías, y entre eso un intento de blanquear esta decisión por parte del municipio para aparentar que no dependía de ellos y entregándole esa facultad al Consejo de la Sociedad Civil que sabemos que no tuvo que ver con esta decisión en particular, sino que fue inducida por el municipio”, explicó la parlamentaria, quien insistió en la necesidad de un pronunciamiento de la Contraloría.

Finalmente, el equipo de Contrapoder Chile solicitó una versión al ente contralor sobre este tema, no obstante, hasta el cierre de este artículo aún no hay una respuesta formal.