Ahora sí les preocupa la violencia digital: La hipocresía de Chile Vamos y Republicanos

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado y cofundador de Contrapoder Chile

La violencia en redes sociales no es un fenómeno nuevo. Durante años, periodistas y figuras identificadas con sectores progresistas han sido víctimas constantes de ataques virtuales, amenazas y campañas organizadas de desinformación, destinadas a desacreditar su trabajo y silenciar sus voces. Sin embargo, esta preocupante realidad parecía pasar desapercibida para sectores políticos conservadores como Chile Vamos y Republicanos, hasta hace poco.

Recientemente, el conflicto entre José Antonio Kast y Evelyn Matthei dejó al descubierto cómo la violencia digital también afecta a políticos de derecha, generando rápidas y enérgicas reacciones desde estos sectores. Este súbito interés por la seguridad digital contrasta marcadamente con la histórica indiferencia frente a los ataques sufridos por periodistas críticos como Daniel Matamala, Josefa Barraza, Rafael Cavada o Macarena Pizarro, quienes han sido reiteradamente víctimas de campañas orquestadas y fake news destinadas a socavar su credibilidad.

Un claro ejemplo fue el proceso constituyente de 2022, en el cual periodistas y constituyentes progresistas fueron sistemáticamente hostigados mediante hashtags ofensivos y noticias falsas, generando una narrativa distorsionada y dañina. Informes como los publicados por CIPER documentaron ampliamente cómo pequeñas redes organizadas podían generar enormes cantidades de menciones negativas, afectando la percepción pública mediante ataques coordinados que poco o nada tenían que ver con la realidad.

Durante estos episodios, Chile Vamos y Republicanos mantuvieron un cómodo silencio, permitiendo la proliferación de la desinformación mientras esta beneficiara a sus intereses políticos. Hoy, cuando son ellos mismos quienes sufren en carne propia esta agresión digital, elevan voces de preocupación y condena. Este doble estándar, esta hipocresía evidente, revela cómo la violencia digital parece ser condenable únicamente cuando afecta a los propios intereses políticos.

Frente a esto, resulta urgente reconocer que la violencia digital no puede combatirse desde la conveniencia política. Para defender la democracia, se debe proteger por igual a todos los actores, sean periodistas o políticos, y prevenir que las campañas de odio y mentiras distorsionen la realidad. Ojalá esta nueva preocupación desde la derecha sea más que un simple gesto temporal y se transforme en un verdadero compromiso transversal contra todas las formas de violencia digital y desinformación.