Casta judicial: entre prevaricación, impunidad y clase

Por Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta

En una misma semana, dos casos nauseabundos muestran que en Chile la justicia no se aplica, se administra según apellidos y conveniencias. Primero, la Fiscalía decide no perseverar en la causa contra el hijo de un juez supremo, acusado de cohecho y prevaricación, y defendido, informalmente, por el Fiscal Nacional. A renglón seguido, se decreta el sobreseimiento definitivo del exfiscal Jorge Mena, conocido como el “narcofiscal”, investigado por vínculos con el narcotráfico, incluyendo protección a bandas criminales y destrucción de evidencia.

En el primer caso, la decisión se produce a pesar de que, hace un año, la fiscalía solicitó una audiencia de formalización ante el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, para dar inicio al juicio. Sin embargo, aquella acción no prosperó, luego de que el fiscal que llevaba la causa, Marcelo Carrasco, fuera reemplazado por el persecutor jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Felipe Sepúlveda, quien también investiga el Caso Hermosilla.

En el segundo, la justicia ha decidido dejar impune al exfiscal Jorge Mena, investigado por obstrucción a la justicia en un caso de narcotráfico que involucra nada menos que a su exjefe de unidad, el fiscal Patricio Rosas. El tribunal consideró que no había “delito penal”. La Fiscalía, que parece haberse sorprendido (¡pobres ilusos!), ha anunciado que apelará.

Si aún hay quien cree que estas aberraciones son errores o deslices, es porque no ha entendido nada del carácter del Estado burgués y su democracia liberal. No son manchas en la institucionalidad: son su verdadera cara.

Marx lo explicó sin rodeos: “El poder del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa Y cuando los negocios de la clase dominante incluyen narcotráfico, corrupción y tráfico de influencias, entonces sus operadores —fiscales, jueces, carabineros, ministros— funcionan como encubridores legales del crimen organizado, siempre que ese crimen
esté bien vestido y con educación superior.

El caso del “narcofiscal” Mena no es un accidente: es la expresión más coherente de un sistema donde los mecanismos de control institucional están diseñados para proteger a sus propios cuadros. El aparato judicial no persigue a sus traidores: los recicla, los protege, o simplemente los jubila con honores. La Fiscalía, que debería actuar como “defensora del interés público”, se ha convertido en una lavandería de privilegios, donde la suciedad de los poderosos se convierte en jurisprudencia y los delitos se archivan entre camaradas.

Y mientras tanto, la justicia cae con todo su peso sobre el joven pobre que revende marihuana en la población, o sobre la dirigenta que organiza una olla común sin permiso municipal. Porque en el capitalismo, el derecho penal no protege a la sociedad: protege a la propiedad, y castiga a quienes se atreven a romper el orden que garantiza la explotación.

Que no se engañe nadie: en Chile, la ley no se aplica a los poderosos porque la ley fue escrita por ellos y para ellos. El derecho burgués no es ciego: simplemente, mira para otro lado cuando se trata de su propia clase.