Entre ellos Pancho Orrego: Informe de Contraloría revela que gestión de Carter gastó más de $30 millones en “minutas comunicacionales”

Un Informe Final de Contraloría reveló que la gestión de Rodolfo Carter gastó más de 30 millones de pesos en minutas comunicacionales, realizadas por dos exfuncionarios del municipio. Sin embargo, sus nombres no son desconocidos: un reconocido panelista de Sin Filtros y un exdiputado. Ambos de Renovación Nacional.

El pasado 25 de abril, la Contraloría emitió el Informe Final sobre la Municipalidad de La Florida, el que tuvo como propósito realizar una auditoría a los gastos, al uso de recursos y a las transferencias otorgadas por la entidad edilicia entre enero y septiembre de 2024, es decir, durante la gestión del exalcalde Rodolfo Carter. Sin embargo, uno de los principales hallazgos detectados por el órgano contralor fue el “pago improcedente de honorarios para finalidades ajenas a los objetivos de la entidad”.

Según el documento al que el Equipo de Investigación tuvo acceso se revela que la Municipalidad de La Florida contrató a honorarios a un funcionario entre el 3 de abril y el 31 de diciembre de 2024, bajo la función de colaborador del gabinete del alcalde en la planificación y evaluación de estrategias de comunicación desempeñando funciones propias del área, “consistente en la redacción de minutas comunicacionales de análisis de contingencia pública que permitan crear mensajes claros, coherentes, y persuasivos que comuniquen la visión municipal”, pagándose la suma de $22.028.986.

Mientras que en paralelo otro funcionario también fue contratado a honorarios con el objetivo de realizar minutas comunicacionales, recibiendo el monto de $9.120.775, es decir, el municipio en cuestión pagó $31.149.761 en minutas “político-partidista”.

“La Municipalidad de La Florida pagó a los señores la suma de $9.120.775 y $22.028.986, respectivamente, por la prestación de servicios a honorarios durante el año 2024, en circunstancias que, correspondían a finalidades ajenas a los objetivos de la entidad, tales como la redacción de minutas comunicacionales de análisis de contingencia política-partidista, análisis de la contingencia pública en Chile con un subtema de
“desarrollos políticos”, entre otras”, se lee en el Informe Final.

Incluso, Contraloría insistió en su análisis que, si bien son funciones propias y habituales de los gabinetes gestionar asuntos de prensa y comunicaciones, no corresponde a las finalidades del municipio la elaboración de minutas comunicacionales de análisis de contingencia política, por lo que no resultaba
procedente que la Municipalidad de La Florida efectuara la contratación a honorarios para esa finalidad ajena a sus objetivos. Por lo tanto, se determinó que las contrataciones no se ajustaron a las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Por su parte, el municipio respondió al ente contralor que los servicios contratados habrían consistido en trabajos reales y verificables, útiles para la comuna, y sobre los cuales no existe duda o reproche alguno.

Pero, ¿quiénes son los funcionarios cuestionados por Contraloría?

Tras la revisión de diversos antecedentes y como también lo confirmó FastCheck -ya que las identidades de los involucrados aparecen tachadas en el informe-, los funcionarios municipales en cuestión fueron el excandidato a gobernador por Santiago, Francisco Orrego (RN), y el exdiputado Camilo Morán (RN).

En el caso de Orrego, Contraloría concluyó que presentó su renuncia desde el 1 de agosto de 2024, para participar como candidato a la Gobernación Regional, por lo que el pasado 17 de enero pagó $8.000.000, por el reintegro de sus remuneraciones. En cuanto a Morán, el ente contralor informó que sus minutas comunicacionales no tienen relación con las finalidades del municipio.

Recordemos, que en enero pasado el exdiputado de Chile Vamos fue formalizado por emitir un falso aviso de bomba en agosto de 2023, durante el cierre de campaña del senador Rodrigo Galilea.

Finalmente, Contraloría formuló el reparo correspondiente por el monto de $23.149.761, mientras que instruirá un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades en ambos casos.