
El 21 de noviembre de 2025, la Contraloría recepciono una denuncia en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, Colina, Lo Barnechea, La Reina, Quilpué, y las corporaciones culturales de Las Condes, Vitacura y Viña del Mar, para fiscalizar si las contrataciones y convenios establecidos con el experiodista de TVN y esposo de la exministra Karla Rubilar, Christian Pino, se ajustan a derecho, y evaluar si constituyeron un pago de favores políticos hacia el también excandidato a diputado RN.
Tras una serie de reportajes de Contrapoder Chile que revelaban la contratación del experiodista de TVN y esposo de la exministra Karla Rubilar, Christian Pino, en las municipalidades de Ñuñoa, Colina y Quilpué, con el objetivo de realizar charlas de actualidad sin concurso público, este medio tuvo acceso a un nuevo antecedente.
El 21 de noviembre de 2025, la Contraloría General de la República recepciono una denuncia en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, Colina, Lo Barnechea, La Reina, Quilpué, y las corporaciones culturales de Las Condes, Vitacura y Viña del Mar, para fiscalizar si las contrataciones y convenios establecidos con Pino se ajustan a derecho, y evaluar si constituyeron un pago de favores políticos hacia el también excandidato a diputado por Renovación Nacional, o si fueron servicios necesarios y bien gestionados.
Según los antecedentes de la denuncia a los que tuvo acceso el Equipo de Contrapoder Chile, Christian Pino posee un proyecto llamado “Charlas de Actualidad”, las que empezaron a dictarse a vecinos de diversas comunas, y que iniciaron en la Corporación Cultural de Vitacura en el año 2021, siendo seguida por la corporación de Las Condes y la Municipalidad de Colina en el 2022, para finalmente expandirse en el 2025 en los municipios de Ñuñoa, Lo Barnechea, La Reina, Quilpué y la Corporación Cultural de Viña del Mar.
“Se detectaron inconsistencias financieras graves que carecen de justificación técnica en los expedientes. La administración de estos contratos muestra un manejo arbitrario de los recursos. Ejemplos claros son el aumento del 50% del honorario en Colina para 2025 sin cambio de funciones, o la disparidad de criterios para imputar los gastos (a veces “Adulto Mayor”, a veces “Participación”, a veces “Cultura”). Esto denota que se busca “encajar” el servicio donde haya presupuesto disponible, en lugar de responder a una planificación financiera coherente”, se lee en la denuncia.
También se detalló que ninguno de los órganos involucrados entregó información sobre el contenido de las charlas de Pino, lo que no sería un error, sino que es parte de la ausencia de control sobre los contenidos de los contratos. Es más, según el denunciante -el que solicitó la reserva de su identidad- si no fuera por el Instagram creado por el experiodista (@charlasdeactualidad), se sabría menos del tipo de charlas ejecutadas, puesto que, ninguno de los contratos obliga a Christian Pino mantener ese registro.
“Existe una correlación directa y verificable entre la derrota electoral del periodista en las parlamentarias de 2021 (cupo RN/Chile Vamos) y el inicio sistemático de sus contrataciones en 2022 en municipios gobernados exclusivamente por el mismo sector político. La evidencia sugiere que la contratación de las “Charlas de Actualidad” opera como un mecanismo de financiamiento recurrente facilitado por una red de afinidad política, desvirtuando el principio de imparcialidad en la contratación pública. La ausencia de contrataciones en municipios de otro signo político refuerza la tesis del “pago de favores” o clientelismo político”, se menciona en la denuncia.
Además, se precisa que a pesar de que los contratos exigen informes, la revisión documental demuestra que estos son trámites burocráticos vacíos de contenido real, ya que, los mecanismos de control interno fallaron sistemáticamente.
“Se validaron pagos basándose en informes precarios (con descripciones generales, sin datos específicos de cada charla como las temáticas tratadas), fotos de selfies de Instagram y registros de asistencia sin fechar. Casos graves, como la visación de pagos en Ñuñoa por charlas no realizadas o la falta de descuento por días feriados, demuestran una negligencia administrativa orientada a no entorpecer el flujo de pagos al periodista”, se afirma en el documento.
Finalmente, Contrapoder Chile contactó a la Contraloría quienes confirmaron la veracidad de la denuncia en contra de estas instituciones públicas por la contratación de Christian Pino.