El día que el gobierno de Piñera gastó más de 4 millones de dólares en material represivo sin testear

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

Hay cifras que no son sólo números: son una forma de gobierno. En los dos meses más críticos del estallido social, mientras el país contaba heridos, registraba traumas oculares y denunciaba violaciones masivas a los derechos humanos, el Estado chileno -bajo el gobierno de Sebastián Piñera- inyectó más de 4,4 millones de dólares en munición “no letal” y disuasivos químicos sin testeo de funcionamiento ni control de calidad real, amparándose en la “contingencia” y recurriendo al trato directo como regla, no como excepción.

Conforme a la investigación de El Ciudadano se señala el corazón administrativo de esa estrategia: contratos de compraventa para cartuchos, granadas CS, proyectiles lacrimógenos de largo alcance, sprays y otros insumos, donde el propio “control de calidad” se reduce a una fórmula escalofriante: “sólo inspección visual”.

No hablamos de una omisión menor: hablamos de armamento para control de multitudes, en un contexto donde las armas menos letales ya estaban produciendo lesiones graves. La negligencia, en estas condiciones, deja de ser un error: empieza a parecer un método.

La doctrina internacional es clara: sin evaluación, no hay legitimidad

El derecho internacional no es ambiguo en esta materia. Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego obligan a los Estados a regular, controlar y exigir responsabilidad, incluyendo la responsabilidad de mandos superiores cuando saben —o deben saber— de usos ilícitos y no actúan. 

Y si alguien pretende refugiarse en el eufemismo “menos letal”, la propia ONU lo corrige: su Guía sobre Armas Menos Letales (OHCHR, 2020) establece estándares explícitos sobre diseño, adquisición, pruebas, capacitación y despliegue, justamente para evitar que el Estado termine usando equipos peligrosos, defectuosos o inadecuados en escenarios de protesta.

En otras palabras: comprar a ciegas es actuar a ciegas. Y en 2019, Chile ya estaba caminando hacia la ceguera -literal y política-.

Mientras el país se desangraba en las calles, el Estado importaba “pertrechos”

Los documentos citados por El Ciudadano muestran la magnitud logística de la operación: entre el 25 de octubre y el 30 de diciembre de 2019, la FACH y Carabineros realizaron 12 viajes (ida y vuelta) entre Santiago y Río de Janeiro para trasladar 230.209 productos de represión.

Esto no fue un “reabastecimiento” improvisado. Fue una línea de abastecimiento estatal en plena crisis social.

Peor aún: el mismo reportaje expone que, en medio de la controversia por los perdigones, ministros del gobierno oficiaron al Consejo de Defensa del Estado señalando posibles “fallas” e “incongruencias” en información entregada por el proveedor, con referencias a estudios de la Universidad de Chile y Labocar, y pidiendo recabar antecedentes por eventuales perjuicios fiscales.

Es decir: había señales de alarma. La respuesta no fue detener, transparentar ni auditar a fondo; la respuesta fue seguir abasteciendo.

No es un accidente: encaja con el patrón documentado por ONU, CIDH y Amnistía

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) fue categórica tras investigar en terreno: describió un control de asambleas “fundamentalmente represivo”, denunció uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales y sostuvo que el número “alarmantemente alto” de heridas oculares o faciales (aprox. 350) indicaba uso inadecuado e indiscriminado, advirtiendo que las autoridades tenían información del alcance de las lesiones desde el 22 de octubre, sin adoptar medidas eficaces y oportunas. 

Amnistía Internacional, en su informe “Ojos sobre Chile”, también documentó la generalización del uso excesivo de la fuerza y reportó, para el período analizado, al menos 347 lesiones oculares (según INDH), en un cuadro de violencia institucional masiva. 

Y en el plano interamericano, la CIDH ha sostenido -en su informe temático “Protesta y Derechos Humanos”- que la protesta está protegida por estándares regionales y que el uso de la fuerza debe ajustarse a legalidad, necesidad y proporcionalidad, con controles estrictos.

Con estos antecedentes, la pregunta ya no es si el Estado “se excedió”. La pregunta es otra: ¿cómo se explica que, sabiendo el daño, se haya reforzado el arsenal sin testeo, por trato directo y con control de calidad meramente visual?

El núcleo político: cuando el orden público se convierte en coartada

En Chile, “orden público” ha operado demasiadas veces como una palabra-muralla: sirve para justificar opacidad, urgencias permanentes y decisiones sin fiscalización real. Pero hay un punto en que el discurso se quiebra: cuando el aparato estatal compra munición y químicos sin prueba de funcionamiento, y cuando lo hace mientras organismos internacionales ya advierten daños graves, patrones de uso indiscriminado y ausencia de medidas correctivas. 

Ese es el corazón de la tesis política: la represión no fue sólo un exceso operativo, fue una orientación de gestión. No se trata únicamente de Carabineros “desbordados”, sino de una cadena de decisiones donde el poder civil no frenó, no auditó, no transparentó y no protegió.

Y esto tiene consecuencias que hoy el país paga: crisis de confianza, impunidad extendida, víctimas sin reparación suficiente, y una institucionalidad que parece más preocupada de blindar a sus aparatos coercitivos que de garantizar derechos.

¿Qué debiera exigirse hoy? Tres mínimos democráticos

1. Auditoría pública integral de estas compras: contratos, trazabilidad, proveedores, controles, recepciones, informes técnicos, y responsabilidades administrativas y políticas. (No “sumarios internos” decorativos: auditoría con estándar de Contraloría y control ciudadano).
2. Regla de oro: sin testeo independiente, no hay adquisición. Lo que la ONU recomienda para armas menos letales -evaluación, prueba, entrenamiento y control- debe ser norma vinculante.
3. Rendición de cuentas real: mando operativo, mando estratégico y mando civil. Los Principios Básicos de la ONU son claros: los superiores deben responder cuando saben y no actúan.