El día que Sergio Micco supo sobre la toxicidad de carros lanza agua y no hizo nada

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

Hace exactamente seis años, Chile explotó. No en un estallido de ira aislada, sino en un levantamiento social que sacudió sus cimientos. Fue un grito por dignidad, por justicia, por dignidad en lo cotidiano: transporte, educación, salud, pensiones. Y más allá de las demandas –que siguen en parte sin resolverse–, emergió una pregunta que todavía arde: ¿qué tanto sabía el poder, y qué tanto se ha hecho para rendir cuentas?

Hoy conocemos que el Estado —o al menos ciertas de sus piezas— no sólo tenía constancia de lo que ocurría, sino del riesgo que implicaban sus propias herramientas represivas. En octubre del año pasado, El Ciudadano reveló que un oficio del INDH confirma que Sergio Micco, por entonces director del Instituto de Derechos Humanos, sabía que los carros lanza-aguas que se usaban durante las movilizaciones contenían líquido CS (o-clorobenzalmalononitrilo), una sustancia con efectos tóxicos sobre mucosas, vías respiratorias, sistema nervioso y corazón.

No hablamos de errores menores. Hablamos de un mecanismo estatal de control público que, mientras se desplegaba para contener demandas sociales, usaba medios sabiendo que eran peligrosos. Y más aún: que el propio director del organismo estatutario encargado de los derechos humanos pidió que “no hiciera nada” al respecto, “para no desarmar a Carabineros”. 

Ese dato me parece clave para entender los seis años que han transcurrido: no sólo es el poder que reprime, sino el poder que administra, que regula, que decide cuáles reglas valen y cuáles quedan al amparo del silencio. Es el poder que, en los hechos, decide que ciertas vidas importan más que otras, que ciertos daños son tolerables, que ciertos mecanismos de control pueden operar sin supervisión.

¿Dónde está la rendición de cuentas?

Una movilización que arrancó por la tarifa del metro se transformó en una explosión de cuestionamientos. Pero seis años después, aún no hemos visto que los responsables efectivos —ya sean políticos, mandos policiales, proveedores, o funcionarios que callaron— rindan cuentas con la profundidad necesaria.

El conocimiento del uso de CS, la falta de autorización oficial, el silencio del poder político y de los organismos de control —todos esos elementos configuran una matriz de impunidad.

La historia del INDH y su contradicción

El rol del INDH debía ser amortiguador de abusos, garante de derechos humanos, organismo que impulsa la denuncia y la fiscalización. Pero si su director (o quienes lo dirigían) conocía los hechos y pidió que no se actuara, ¿qué señal envió? Esa contradicción erosiona la institucionalidad y el valor simbólico de lo que se llama “garantía de derechos”.

Y aquí hacemos un giro necesario: no es sólo una responsabilidad individual de Micco, del mando de Carabineros, del Ministerio del Interior o de la Secretaría General del Gobierno. Es un sistema. Un sistema que arma, regula, tolera y calla. Un sistema que permite que quienes protestan y quienes protegen el orden vivan en asimetría: unos expuestos a gases, perdigones, “disuasivos” que son tóxicos; otros protegidos por la norma o por el pacto de silencio.

Seis años después: la promesa constitucional todavía pendiente

Cuando arrancó el estallido, mucha gente creía que podía abrirse un nuevo ciclo político, que emergía una nueva Constitución, que la crisis dejaría una transformación. Hoy ese horizonte ya no es incipiente: es concreto. Pero la eficacia del cambio depende de que no sólo cambiemos las leyes, sino las prácticas: de que no solo digamos “nunca más” sino que digamos “jamás sin verdad, jamás sin reparación”.

Y en ese sentido, el episodio de los carros lanza-aguas —y del conocimiento del INDH al respecto— es un espejo: muestra que por debajo de la institucionalidad que se presenta como garante de derechos, puede operar otro poder más sutil: el poder del silencio, el poder de la inacción, el poder de la tolerancia institucional al abuso. La columna vertebral de la impunidad está en cómo se regula lo que nunca se denuncia, en cómo se normaliza lo que nunca se vigila.

Lo que está en juego

Porque no se trata solo de cuentas por el pasado, sino del futuro que estamos construyendo:
• Si el Estado reconoce que usó sustancias tóxicas contra su propia población durante movilizaciones, ¿cómo garantizar que no ocurrirá de nuevo?
• Si los organismos de derechos humanos callaron o fueron absorbidos por la lógica del “orden público”, ¿quién fiscaliza hoy?
• Si las fuerzas de seguridad operan con discrecionalidad y escasa transparencia, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía en ellas?
• Si las víctimas siguen esperando, ¿cómo se sostiene la idea de que este es un país que aspira a la justicia social?

Un llamado al contrapoder

Este aniversario debe ser mucho más que memoria: debe ser un momento de reactivación. De reactivación de la pregunta incómoda, del cuestionamiento persistente, del empuje ciudadano que no acepta medias verdades. Desde Contrapoder, desde los medios críticos, desde la sociedad civil, hay que seguir empujando que se informe —totalmente— qué sustancia se usó, quién la autoriza, qué protocolos existen, qué daños se registraron, quién los asumió y qué sanciones hay.

Y también hay que insistir en que la institucionalidad no puede seguir funcionando como si nada hubiera pasado. No basta con “lo hacemos mejor” o “nuevo enfoque”. Debe haber transparencia, reparación, verificación independiente, participación de las víctimas, y reformas que no se queden en el papel.

Seis años después del estallido, el Chile de las promesas y expectativas sigue su camino, pero con una deuda: la de la verdad, la de la rendición de cuentas, la de la transformación real. La toxina del gas lacrimógeno no solo irritó pulmones, también irritó memoria colectiva. No basta con que pase el humo. Tenemos que limpiar los vicios de un sistema que miró hacia otro lado cuando sus obligaciones eran vigilar derechos, no restringirlos.

Porque el verdadero cambio no está solo en nuevas constituciones o discursos bonitos. Está en que los mecanismos del Estado, sus instrumentos de orden público, sus organismos de derechos humanos, funcionen como lo que dicen ser: garantes de dignidad humana. Y cuando no lo sean, que la ciudadanía —a través del periodismo, de la movilización, del escrutinio— lo recuerde, lo denuncie y lo transforme.