Informe sobre niños haitianos: Juan Manuel Astorga y la fábrica del miedo

Una de las principales obligaciones del periodismo es informar con rigor, verificar los hechos y distinguir claramente entre lo que se sabe, lo que se investiga y lo que simplemente se sospecha. Sin embargo, en el caso de los denominados “niños haitianos desaparecidos”, una parte importante de los medios de comunicación chilenos decidió recorrer el camino exactamente contrario: primero construyeron una historia alarmante, luego instalaron hipótesis cada vez más graves y finalmente buscaron que la realidad encajara en el relato previamente elaborado.

Durante días fuimos testigos de titulares que hablaban de cientos de menores haitianos supuestamente desaparecidos en Chile. Programas de televisión, radios, portales digitales y comentaristas repitieron una y otra vez la misma idea: había niños que nadie sabía dónde estaban. Rápidamente comenzaron a aparecer teorías sobre redes internacionales, trata de personas, tráfico de menores y hasta insinuaciones sobre tráfico de órganos. El país fue empujado a creer que enfrentaba una de las crisis más graves de los últimos años.

Pero mientras los medios construían esta narrativa, la realidad comenzaba a mostrar algo muy distinto. Lo que existía era una investigación respecto de menores que habían ingresado legalmente al país mediante procesos de reunificación familiar y que inicialmente no pudieron ser ubicados en los domicilios registrados. Eso podía constituir una situación administrativa preocupante y, por cierto, justificaba una investigación seria. Lo que no justificaba era transformar una falta de ubicación inmediata en una desaparición masiva ni mucho menos presentar hipótesis criminales extremas como si fueran escenarios probables.

Resulta imposible no detenerse en el papel que desempeñaron algunos comunicadores que, lejos de llamar a la prudencia, contribuyeron a amplificar el miedo. Entre ellos destacó Juan Manuel Astorga, cuya tribuna mediática posee una enorme capacidad de influencia sobre la opinión pública. Desde sus espacios editoriales se insistió en la gravedad extraordinaria del caso y se alimentó una sensación de incertidumbre que inevitablemente conducía al público a pensar en las peores hipótesis posibles. El problema no es investigar ni formular preguntas. El problema es que cuando un periodista con semejante alcance instala reiteradamente escenarios vinculados a trata de personas, crimen organizado o tráfico de órganos sin antecedentes públicos concluyentes, termina convirtiendo sospechas en certezas para miles de personas.

Y eso tiene consecuencias.

Porque detrás de esta historia no había una abstracción estadística. Había una comunidad completa que nuevamente fue puesta bajo sospecha. Familias haitianas que llegaron a Chile mediante mecanismos legales de reunificación familiar comenzaron a ser observadas como si formaran parte de una trama oscura. La comunidad haitiana fue sometida a un juicio público sin pruebas, sin derecho a defensa y sin que nadie pareciera preguntarse por el daño que podía generar una cobertura basada más en la especulación que en los hechos.

Lo más preocupante es que este episodio refleja una tendencia cada vez más frecuente en ciertos sectores de la prensa chilena: el reemplazo de la información por el espectáculo. La competencia por la audiencia, los clics y el impacto emocional parece haber desplazado la antigua obligación de verificar antes de publicar. Hoy se instala primero el miedo, después la indignación y sólo mucho más tarde aparecen las aclaraciones, cuando ya nadie les presta atención. El problema es que las rectificaciones jamás tienen la misma cobertura que las acusaciones iniciales. El daño ya está hecho. El prejuicio ya fue sembrado.

Si mañana se confirma la existencia de delitos, corresponde que la justicia actúe con todo el rigor de la ley. Pero si algo ha quedado en evidencia durante estos días es que una parte de los medios decidió condenar antes de investigar. Y cuando el periodismo renuncia a la prudencia para transformarse en una fábrica de pánico moral, deja de cumplir su función democrática y pasa a convertirse en un actor político más, capaz de moldear percepciones, alimentar prejuicios y fabricar enemigos públicos.

Lo ocurrido con los niños haitianos no sólo debe abrir una discusión sobre los sistemas de control migratorio o sobre los mecanismos de reunificación familiar. También debe abrir un debate mucho más incómodo: el de la responsabilidad de los medios de comunicación cuando difunden teorías gravísimas sin evidencia suficiente y convierten a comunidades enteras en sospechosos habituales. Porque una democracia sana necesita periodistas que investiguen. Lo que no necesita son comunicadores que transformen rumores en titulares y el miedo en una línea editorial.

La pregunta final es simple: si estos niños hubieran sido europeos, estadounidenses o pertenecieran a familias acomodadas, ¿habríamos visto exactamente la misma cobertura? La respuesta probablemente explique mejor que cualquier otra cosa lo que realmente ocurrió durante estas semanas.