
Por Miguel Yáñez Lagos, abogado DDHH, analista político
Las recientes declaraciones del diputado Johannes Kaiser en entrevista con Tomás Mosciatti no solo resultan alarmantes: son una amenaza directa al régimen democrático chileno. Al afirmar sin ambigüedades que estaría dispuesto a “volver a apoyar un golpe de Estado”, con todas sus consecuencias -es decir, con torturas, desapariciones, ejecuciones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos-, Kaiser no solo hace apología de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia, sino que reivindica el terrorismo de Estado como método legítimo frente a un eventual triunfo electoral de una candidata de izquierda, en este caso, Jeannette Jara.
En una democracia, los límites del debate político están dados por el respeto irrestricto a la Constitución y a los derechos humanos. Las declaraciones de Kaiser no son una simple opinión política: constituyen una proposición sediciosa, un llamado implícito al quiebre institucional, con una carga simbólica que legitima el uso de la violencia como método para evitar que una fuerza democrática llegue al poder. Esto es especialmente grave viniendo de un parlamentario en ejercicio, cuyo juramento constitucional implica defender la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
Desde un punto de vista jurídico, estas declaraciones abren espacio para estudiar la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, por infracción al régimen democrático y por incitación a la sedición. Asimismo, corresponde que el Congreso -y especialmente la Cámara de Diputadas y Diputados- evalúe si un parlamentario que valida públicamente el quiebre de la democracia y el uso de la violencia política puede seguir ejerciendo su cargo sin consecuencias.
No se trata de censurar ideas, sino de proteger el pacto civilizatorio básico sobre el cual se construyen las democracias: el respeto al sufragio universal, a la alternancia en el poder, y a los derechos humanos como principios intransables. La apología del golpe de Estado no es una opinión más; es una afrenta directa al orden constitucional, y debe ser respondida institucionalmente, con toda la fuerza del Derecho.
Estas declaraciones no son aisladas. Forman parte de un relato de la ultraderecha chilena que busca normalizar el autoritarismo, relativizar las violaciones de derechos humanos de la dictadura y presentar el golpe de Estado de 1973 como una gesta heroica. Este relato, que hoy circula en redes sociales, medios y discursos parlamentarios, intenta sembrar el miedo ante un eventual gobierno progresista, apelando al caos, a la destrucción del país y al colapso institucional.
Lo más grave es que banaliza el horror vivido por miles de familias chilenas que aún buscan a sus desaparecidos, que vivieron la tortura, el exilio, la muerte y la pobreza impuesta por el modelo autoritario-neoliberal que se instauró a sangre y fuego tras el golpe. No podemos permitir que se normalice el negacionismo ni la apología del crimen de Estado.
La historia nos llama a actuar con valentía. No basta con declaraciones de rechazo tibio o con condenas genéricas. Chile necesita una posición clara, firme y transversal: la democracia no se toca, y ningún llamado a repetir el golpe de Estado debe quedar impune.
Hoy más que nunca, debemos reafirmar nuestro compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la democracia. No podemos permitir que el odio, el miedo y el autoritarismo vuelvan a dominar nuestra vida política.
La tolerancia democrática no puede extenderse a quienes promueven la intolerancia autoritaria. Porque cuando se relativiza el golpe, se relativiza el valor de la vida humana. Y cuando se naturaliza el crimen político, estamos a un paso de repetir la historia.
Por eso, decimos con fuerza: nunca más dictadura en chilena, nunca más golpes de estado, nunca más.