
El problema no es sólo Kaiser. Es el ecosistema político y mediático que lo permite. Es el negacionismo de la derecha tradicional que guarda silencio o relativiza, mientras estos discursos ganan terreno. Es la normalización del fascismo bajo el disfraz de la “libertad”. Es la estrategia coordinada para convertir a los movimientos sociales en enemigos internos.
Por Miguel Yáñez Lagos, abogado de DD.HH y co-fundador de Contrapoder Chile
En tiempos de fragilidad institucional, la ultraderecha no ofrece soluciones: ofrece enemigos. Se nutre del resentimiento, la rabia, el miedo, y lo transforma en discurso político. El fenómeno no es nuevo, pero su legitimación pública, su acceso al poder y su capacidad para condicionar la agenda nacional son señales que no pueden ignorarse.
En Chile -como en buena parte del mundo- la ultraderecha ya no se esconde. Desprecia abiertamente los derechos humanos, relativiza los crímenes de la dictadura, desprecia el feminismo, el ambientalismo, los derechos laborales y todo proyecto emancipador. Hoy, incluso parlamentarios electos hablan sin pudor de repetir un golpe de Estado, como lo hizo recientemente Johannes Kaiser en una entrevista radial, en la que sostuvo que estaría dispuesto a “volver a plagiar un golpe de Estado, con todas sus consecuencias”. Esas palabras no son un error comunicacional: son una amenaza explícita contra el orden democrático.
El problema no es sólo Kaiser. Es el ecosistema político y mediático que lo permite. Es el negacionismo de la derecha tradicional que guarda silencio o relativiza, mientras estos discursos ganan terreno. Es la normalización del fascismo bajo el disfraz de la “libertad”. Es la estrategia coordinada para convertir a los movimientos sociales en enemigos internos.
La ultraderecha en Chile no nace sola. Tiene raíces profundas en la historia nacional: en los gremios que apoyaron el golpe del 73, en los empresarios que financiaron la dictadura, en los medios que justificaron la represión, y en los sectores que hoy siguen defendiendo la impunidad. También tiene aliados internacionales: líderes como Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil o Vox en España, que representan un proyecto global que busca vaciar de contenido los derechos humanos, convertir el Estado en un botín empresarial y restringir las libertades de las mayorías.
Lo más grave es que este avance ocurre en un contexto de desafección política, crisis económica, desconfianza institucional y abandono del Estado en los territorios. Es ahí donde el discurso autoritario prende con más fuerza. Y es ahí donde el progresismo tiene la obligación ética y política de actuar, no con timidez, sino con convicción.
No se la combate con insultos vacíos, ni con elitismo moral. Se la combate con política. Con organización territorial. Con movilización popular. Con memoria activa. Con propuestas concretas que mejoren la vida de las personas. Con más democracia, no con menos. Y sobre todo, con claridad ideológica frente a un proyecto de país que no es democrático, ni liberal, ni republicano. Es profundamente autoritario, elitista y peligroso.
La ultraderecha no busca reformas. Quiere restaurar un viejo orden: el de la obediencia ciega, la mano dura, el miedo como forma de gobierno y la desigualdad como destino. Y frente a eso, no basta con decir “nunca más”. Hay que hacer política con los pies en la calle y la cabeza en la historia.
Hoy, más que nunca, recordar que el fascismo no entra a las democracias rompiendo puertas. Entra por la ventana de la indiferencia, de la tolerancia al odio, del relativismo político. Entra cuando los medios le dan tribuna, cuando los partidos callan, cuando los tribunales no sancionan, y cuando la ciudadanía baja los brazos.
En Chile ya sabemos cómo empieza esa historia. No permitamos que se repita.