La reconstrucción de los ricos: El verdadero rostro del proyecto del Presidente José Antonio Kast

Hay proyectos de ley que se anuncian como soluciones técnicas, pero que en realidad son decisiones políticas profundas sobre quién gana y quién pierde en una sociedad. El denominado “proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social” no es una excepción: bajo un lenguaje tecnocrático y promesas de crecimiento, esconde una redefinición brutal del pacto social chileno. No estamos ante una política económica neutra, sino ante una transferencia estructural de poder y riqueza hacia los sectores más acomodados, en desmedro de la mayoría.

El propio mensaje presidencial revela el corazón ideológico del proyecto cuando afirma que Chile “extravió la senda del progreso cuando se instaló la ilusión de que el Estado podía generar riqueza por sí mismo” . No es una frase inocente: es la declaración de guerra contra el rol del Estado como garante de derechos sociales. Es el retorno sin matices al dogma neoliberal más clásico, donde el mercado no solo organiza la economía, sino también la vida.

En ese marco, la medida más significativa -y más reveladora- es la reducción del impuesto de primera categoría desde un 27% a un 23%. Esta rebaja no es un simple ajuste técnico: es un beneficio directo a las grandes empresas y a los grupos económicos que concentran la riqueza en Chile. Se nos dice que esto atraerá inversión, generará empleo y reactivará la economía. Pero la historia reciente demuestra que esas promesas son, en el mejor de los casos, optimistas; en el peor, abiertamente falsas.

Porque mientras se reduce la carga tributaria de quienes más tienen, el mismo proyecto reconoce que el Estado enfrenta un “déficit crónico” y que es necesario “contener el crecimiento del gasto” . Traducido al lenguaje real: menos impuestos para los ricos, menos derechos para el pueblo.

Y aquí aparece la segunda cara del proyecto: el ajuste social encubierto. No se habla directamente de quitar derechos, sino de “pausas”, “contención” o “eficiencia”. Pero el efecto es claro. Se propone, por ejemplo, congelar la expansión de la gratuidad en la educación superior , eliminar instrumentos de capacitación laboral como la franquicia SENCE , y avanzar en una lógica de reducción del gasto público que inevitablemente golpea a los sectores más vulnerables.

Más grave aún es la lógica estructural: se privilegia el equilibrio fiscal por sobre la dignidad de las personas. Se instala la idea de que los derechos sociales son un gasto prescindible, mientras que las utilidades empresariales son un motor incuestionable. Es la inversión moral del Estado: proteger al capital, disciplinar a la sociedad.

El proyecto también avanza en la desregulación ambiental y en la debilitación de controles institucionales. Se reducen plazos de invalidación de permisos, se limita la revisión de resoluciones ambientales y se restringen mecanismos de impugnación. Todo en nombre de la “certeza jurídica”. Pero la pregunta es evidente: ¿certeza para quién? ¿Para las comunidades afectadas o para los grandes proyectos de inversión?

La respuesta está en el diseño mismo del sistema. Se busca un Estado rápido para aprobar, pero lento para fiscalizar; ágil para autorizar inversiones, pero rígido para proteger derechos. Es un modelo que no elimina la burocracia, sino que la reorienta al servicio del poder económico.

Incluso medidas que podrían parecer sociales -como la exención de contribuciones para adultos mayores- son utilizadas como legitimación simbólica de un proyecto profundamente regresivo. Se entregan beneficios puntuales mientras se redefine estructuralmente el sistema en favor de quienes concentran el capital.

En definitiva, este proyecto no reconstruye Chile: reconstruye el modelo. No busca equilibrar la balanza, sino inclinarla aún más. No es una respuesta a la crisis social, sino una profundización de sus causas.

Lo que está en juego no es solo una reforma tributaria o un paquete de medidas económicas. Es una concepción de país. Una donde el crecimiento se impone sobre la justicia, donde la inversión vale más que la vida cotidiana, donde el mercado reemplaza al Estado como organizador de la sociedad.

Y frente a eso, la pregunta no es técnica, es política: ¿queremos un país que crezca para unos pocos, o uno que se desarrolle para todos?