
En un recurso interpuesto ante la Corte Suprema por un grupo de adultos mayores de El Olivar, se relatan anuncios públicos de demolición de viviendas sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad, todas presuntamente cometidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el ministro Iván Poduje.
El pasado viernes 24 de abril, cuatro adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar -Región de Valparaíso-, presentaron una apelación ante la Corte Suprema luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolviera no dar curso a un recurso de amparo interpuesto en su favor. La acción judicial -patrocinada por el abogado Juan Andrés Pávez Farías-, busca revertir dicha decisión y que el máximo tribunal del país conozca de manera urgente los antecedentes, en resguardo de la libertad personal y seguridad individual de los afectados.
Según se expone en el recurso -al que tuvo acceso Contrapoder Chile-, los adultos mayores acusan una serie de situaciones que han generado un grave impacto emocional y psicológico, incluyendo anuncios públicos de demolición de viviendas sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad, todas presuntamente cometidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es encabezado por el ministro Iván Poduje.
Entre los hechos denunciados, se menciona la difusión de información sobre eventuales demoliciones basada en informes técnicos que no establecen dicha medida como conclusión, así como la convocatoria a reuniones urgentes donde se habría comunicado esta decisión sin instancias claras de participación.
“El día sábado 18 de abril de 2026, mis representados fueron citados de FORMA URGENTE a reunión con el ministro y su equipo, instancia en la cual se les señaló que se demolerían todas sus casas, manifestando mi representada que la situación no era para extrema solución, señalando todo esto de manera firme y respetuosa, no, así como lo ha realizado de manera constante el señor ministro Poduje, quien por vías no destinadas al efecto administrativo, se ha referido a ellos y a otros de forma IRRESPETUOSA, DEGRADANTE y contra toda ÉTICA y PROBIDAD ADMINISTRATIVA, aprovechando que los asistentes en su mayoría son mujeres y adultos mayores”, se lee en el recurso.
Asimismo, en la acción judicial se detalla la situación de adultos mayores que, en condiciones de especial vulnerabilidad, fueron citados por Serviu de Valparaíso por vías informales a reuniones de un día para otro y sin indicar el motivo, para luego en ellas requerírseles firmar documentos vinculados a la demolición de sus viviendas, lo que tenían que hacer en el momento, bajo la premisa de no retrasar los procesos de reconstrucción.
Por lo anterior, el abogado de la causa, Juan Andrés Pávez, enfatizó que lo que están pidiendo es algo básico: que se respeten los derechos fundamentales de personas que están siendo afectadas en su libertad, seguridad y dignidad, puesto que, no se están hablando solo de casas. Están hablando de adultos mayores que lo perdieron todo y que actualmente están siendo sometidos a angustia y presión.
“No puede adoptarse una medida tan extrema como la demolición sin que existan informes técnicos concluyentes y sin escuchar a las personas afectadas. Además, hemos recibido relatos consistentes de personas que se sintieron presionadas a firmar documentos en condiciones de vulnerabilidad, lo que es gravísimo”, expresó el abogado.
Finalmente, es necesario precisar que la apelación solicita expresamente que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas, y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psíquica de los afectados.