“Los oficios de Quiroz”: El abismo entre la promesa y el decreto

Por diputada de la República, Ana María Gazmuri

Hay momentos en que la política deja de ser una discusión de prioridades y se convierte en un problema de credibilidad. Ese momento es ahora.

El análisis del programa de gobierno de José Antonio Kast, sus promesas de campaña, por un lado, y su mal llamado proyecto de reconstrucción ingresado al Congreso, que no es más que una reforma tributaria encubierta, y el Oficio Circular N°16 enviado por el Ministerio de Hacienda el 21 de abril de 2026, por el otro, revelan una distancia difícil de ignorar. Lo que se prometió y lo que hoy se instruye no solo difiere, sino que apunta en direcciones totalmente opuestas.

Ese abismo no es abstracto. Tiene forma concreta.

El gobierno que llegó al poder prometiendo enfrentar una “emergencia de seguridad” propone hoy recortar o eliminar programas clave en esa misma área: desde el combate al crimen organizado hasta la reinserción juvenil. El argumento y la acción avanzan en sentidos opuestos. Y mientras, las cifras que atemorizan a la población solo empeoran, hay quienes ya hablan de una pandemia de delitos.

El patrón se repite en otras dimensiones. Durante la campaña se aseguró que no se tocarían los beneficios sociales ni los recursos para educación y salud. Sin embargo, los documentos oficiales ya disponibles muestran otra intención: reducción de financiamiento en educación superior, cuestionamiento de programas de alimentación escolar y ajustes en múltiples instrumentos de protección social.

No se trata de decisiones aisladas. Se trata de una lógica fría y desalmada, con un norte claro: la refundación de nuestro país.

El ajuste fiscal que el gobierno ha decidido “imponer” para el período 2027–2030 no es solo un ejercicio contable. Contempla la cancelación de más de 140 programas y el recorte de cientos de otros, con el objetivo de reducir el gasto en miles de millones de dólares en un plazo acotado. Eso no es una corrección marginal: es una redefinición del alcance del Estado. 

 Y todo esto mientras se decide aumentar el déficit fiscal y abultar aún más el bolsillo de los más ricos de Chile.

En educación, se pone en cuestión el Programa de Alimentación Escolar, que entrega millones de raciones diarias y que nació como una conquista social para garantizar un mínimo de dignidad, intentando acercarnos a la igualdad de oportunidades. En salud, se ven afectados ámbitos tan sensibles como la salud mental, en profunda crisis hoy en Chile, los cuidados paliativos y programas históricos de prevención, fruto de consensos democráticos que reconocieron derechos básicos. En trabajo y previsión social, se proyectan ajustes en beneficios que hoy sostienen a millones de personas, incluyendo pensiones y subsidios. En seguridad, se reducen herramientas diseñadas, precisamente, para enfrentar el aumento de la violencia.

La idea de que estos recortes afectarían únicamente a una supuesta “grasa” del Estado se desploma al contrastar con la evidencia. Lo que aparece en los documentos de Hacienda no son gastos prescindibles, sino componentes centrales de la protección social y conquistas históricas de la ciudadanía y sus movimientos sociales.

Aquí el problema no es solo económico. Es político y profundamente ideológico.

Porque lo que estos oficios revelan no es simplemente una estrategia de austeridad, sino una decisión sobre qué funciones del Estado se consideran esenciales y cuáles pueden desaparecer, a quienes el Estado protege y a quienes decide abandonar. Todo esto, a pesar de entrar en abierta contradicción con los compromisos explícitos adquiridos en campaña ante la ciudadanía.

El episodio del propio ministro de Hacienda lo ilustra con claridad. El mismo día en que se conoce un documento que abre la puerta a recortes en programas sensibles, la autoridad asegura públicamente que no habrá afectación a beneficios sociales. Documento y declaración, en pocas horas, en direcciones distintas. Esa incoherencia institucional no es un detalle: es la erosión de la confianza en la palabra pública. Es improvisación y deshonestidad.

Cada programa que se elimina o reduce tiene efectos concretos. No son cifras en una planilla: son estudiantes, familias, trabajadores y comunidades que dependen de esos apoyos. El niño que recibe un plato de comida en su escuela, quizás el único del día, el adulto mayor que complementa su pensión, y que a duras penas compra sus remedios, la persona que accede a tratamiento o apoyo en salud mental, vitales para llevar una vida con menos sufrimiento.

Por eso, el debate no puede limitarse a una discusión técnica sobre balances fiscales. Lo que está en juego es algo más profundo: la consistencia entre lo que se prometió no hacer y lo que se está haciendo. Y cuando ese abismo entre lo prometido y lo ejecutado se vuelve evidente, no solo se debilita una política pública. Se erosiona la confianza en la política misma.

Hoy, mientras se cuestiona su continuidad, se olvida que estos programas nacieron como respuesta a la desnutrición y la desigualdad, y fueron defendidos por gobiernos de distinto signo político. Defenderlos es defender la memoria de un país que entendió que alimentar y cuidar a sus niños era un deber del Estado. Renunciar a ellos no es austeridad: es retroceder en derechos básicos conquistados con décadas de esfuerzo, es renunciar a la riqueza misma que cimienta esta patria.

Defender estos programas no es defender un gasto: es defender derechos, cohesión social y democracia. Es defender la vida. Porque cada ración escolar, cada subsidio, cada atención de salud mental es una expresión concreta de un Estado que cumple su palabra, un Estado que acoge y acompaña. Y cuando la palabra se quiebra, lo que se resquebraja no es solo un presupuesto: es el pacto que la política tiene con la ciudadanía.

Y eso ya ocurrió; nos mienten, y lo sabemos, improvisan, y también lo sabemos. ¿Y el resultado? millones de chilenas y chilenos abandonados por el Estado.