No hubo concurso público: Contraloría declara improcedente trato directo de $238 millones en La Florida

En agosto pasado, el Concejo Municipal de La Florida aprobó el trato directo entre la gestión de Daniel Reyes y la consultora Iglesis Arquitectos Limitada, por un monto de $238.831.208, a pesar de no realizarse un concurso público y de las advertencias de algunos concejales al alcalde de que dicho trato no se ajustaba a derecho. Tras lo anterior, la Contraloría resolvió que era improcedente, solicitando a la Municipalidad de La Florida la realización de un procedimiento disciplinario para determinar la responsabilidad en los hechos.

El pasado 15 de agosto, los concejales de La Florida José Seves, Lía Gálvez, Victoria Oyarzun y Reinaldo Rosales, enviaron un oficio a la Contraloría solicitando su pronunciamiento respecto al trato directo entre la gestión de Daniel Reyes y la consultora Iglesis Arquitectos Limitada, por un monto de $238.831.208, lo que fue resuelto en la sesión del Concejo Municipal de 14 de agosto.

Según el escrito al que tuvo acceso el Equipo de Contrapoder Chile, el alcalde solicitó la aprobación del Concejo para la contratación del “Servicio Complementario de Diseño para la Construcción del Edificio Consistorial de La Florida”, el que consiste en diseñar, a partir de un diseño adquirido al mismo proveedor en el año 2018, el edificio consistorial que se pretende construir a futuro por esta administración, aumentando en un 50% más la superficie útil del diseño original de 2018.

Sin embargo, el 21 de enero, un oficio de la Contraloría resolvió que dicho trato directo es improcedente, por lo que este medio conversó con el concejal Reinaldo Rosales, quien sostuvo que a pesar de advertirle al alcalde Daniel Reyes que aquel trato no se ajustaba a derecho, siguió adelante y aprobó esta contratación directa, sin una licitación pública, lo que hubiera permitido comparar ofertas y contratar la mejor opción del mercado.

“Como era de esperase la Contraloría me da la razón, declara improcedente la contratación realizada y además ordena iniciar un procedimiento disciplinario, para que este tipo de decisiones no sigan ocurriendo en el municipio. Espero que este contrato sea dejado sin efecto de manera inmediata y se proceda con una licitación pública tal como lo dispone la ley”, dijo Rosales.

Por su parte, el concejal José Seves aseguró que es una necesidad real que La Florida cuente con un Edificio Consistorial, especialmente después de la venta de inmuebles municipales que les obliga a pagar arriendos por más de 100 millones de pesos mensuales, pero la Contraloría ha sido clara respecto a que los proyectos públicos deben hacerse siempre dentro del marco de la ley.

Además, Contrapoder Chile contactó a la gestión de Daniel Reyes, quienes comentaron que cualquier intento de presentar esta situación como una falta de probidad resulta antojadizo, tendencioso y derechamente incorrecto, más aún cuando se trata de una materia que se encuentra en pleno proceso de evaluación administrativa, respecto de la cual la Municipalidad ejercerá legítimamente las acciones y recursos que la ley contempla.

“Es fundamental ser categóricos: este oficio no establece, ni puede ser interpretado bajo ningún motivo, como la constatación de una falta de probidad. El propio pronunciamiento de la Contraloría se refiere exclusivamente a una discrepancia respecto de la suficiencia de la argumentación utilizada para justificar una modalidad de contratación específica, sin ordenar la invalidación del trato directo, el cual se encuentra autorizado para continuar su ejecución”, aseguraron desde la entidad edilicia.

Finalmente, la Contraloría concluyó que la Municipalidad de La Florida deberá disponer la instrucción de un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en estos hechos.