Caso SQM vs Fiscalía: El juicio que mató a la justicia chilena

Por Miguel Ángel Yáñez, abogado de DD.HH y cofundador de Contrapoder Chile

El país asistió, una vez más, al espectáculo más antiguo de su historia: el de la impunidad con traje institucional. Después de más de una década de investigación, de 560 jornadas de juicio y de miles de páginas de documentos, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago decidió absolver a todos los acusados en el caso SQM. La empresa más poderosa del país -cuyo nombre quedó grabado como sinónimo de corrupción política- logró salir ilesa. Los acusados, desde ejecutivos hasta figuras políticas, respiraron tranquilos. El Ministerio Público, una vez más, se retiró con su habitual silencio técnico. Y la ciudadanía, como siempre, quedó mirando cómo la justicia se transforma en un teatro de formalismos que nunca toca el fondo de los hechos.

El fallo es monumental en extensión, pero demoledor en su significado. Las juezas reconocen que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos fueron incapaces de construir una acusación coherente, clara y congruente. En palabras del propio tribunal, no existía una descripción fáctica suficiente del dolo, ni una exposición precisa de los hechos que sustentaran los delitos tributarios imputados. En otras palabras, la fiscalía acusó sin probar, repitió fórmulas sin sustento y transformó el proceso en una maquinaria sin dirección. Lo que en algún momento fue presentado como un emblema del combate a la corrupción terminó convertido en una cátedra de cómo no se debe investigar.

El juicio, que debía ser una lección de transparencia, se convirtió en un monumento al absurdo judicial. La acumulación arbitraria de causas, la sobreabundancia de pruebas -más de 14 mil documentos, muchos repetidos o irrelevantes-, la falta de control de los fiscales y la inercia de un sistema procesal saturado derivaron en un proceso imposible de sostener. Las propias magistradas reconocieron que la dilación fue causada por el actuar del Ministerio Público, que violó el derecho de los acusados a ser juzgados dentro de un plazo razonable. La paradoja es brutal: la impunidad no la generó la defensa de los poderosos, sino la incompetencia de los órganos llamados a perseguirlos.

El fallo no se limita a absolver; diagnostica un colapso ético y estructural del sistema. Habla de un Ministerio Público que acumula investigaciones sin sentido, que lleva a los tribunales juicios imposibles de administrar y que, al hacerlo, termina garantizando la absolución de quienes debería condenar. Habla también de un Servicio de Impuestos Internos que, con discrecionalidad arbitraria, decide a quién denunciar penalmente y a quién castigar solo con multas, vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Lo que en teoría debía ser un mecanismo para resguardar el interés fiscal terminó siendo un privilegio institucional que protege a quienes pueden pagar asesorías y abogados de alto nivel.

La otra cara de este escándalo es el derroche de recursos públicos que significó este proceso. Durante más de diez años, el Estado chileno destinó miles de millones de pesos en fiscales, funcionarios, peritos, viáticos, audiencias, peritajes y asesorías externas para investigar y juzgar una causa que, finalmente, no logró siquiera una condena. A ello se suma el enorme costo político de sostener una maquinaria judicial que parecía orientada a no llegar nunca al fondo. La cifra es tan escandalosa como simbólica: más de 560 audiencias financiadas con fondos fiscales para terminar absolviendo a empresarios y políticos vinculados al poder económico.

El caso SQM no fue solo un juicio; fue una inversión millonaria en el fracaso institucional de la justicia chilena. Un juicio que se prolongó tanto, que terminó cumpliendo su verdadera función: desgastar al país hasta que nadie esperara justicia.

En medio de esta trama aparece la figura del exsenador y exministro Pablo Longueira, uno de los rostros más emblemáticos de la vieja política y del poder conservador. Su absolución no solo es jurídica, sino política: representa el blindaje de un sistema que protege a quienes fueron arquitectos del modelo. Longueira, histórico dirigente de la UDI, símbolo de la derecha empresarial, fue acusado por cohecho y soborno, pero logró salir indemne gracias a una estructura de defensa construida con poder, dinero e influencias. No es un nombre cualquiera. Es el mismo hombre que impulsó la Ley de Pesca, conocida por el pueblo como la “Ley Longueira”, diseñada entre negociaciones oscuras con las grandes pesqueras del país, y que consolidó el control privado sobre los recursos marinos chilenos.

Ese mismo político, que usó su cargo para legislar en beneficio de corporaciones, fue defendido por algunos de los estudios jurídicos más caros del país, y amparado por una red de influencias que incluye a exministros, exsenadores y empresarios. La defensa de Longueira no fue la de un acusado cualquiera: fue la defensa del sistema entero, de un modelo que no podía permitirse condenar a uno de sus padres fundadores.

El costo de esa defensa -económico y político- lo pagamos todos. Porque mientras el Ministerio Público dilapidaba recursos en un juicio interminable, el Estado dejaba en el olvido causas de violaciones de derechos humanos, abusos laborales o corrupción municipal. El poder se blindó a sí mismo, y el resultado fue una sentencia que consagra la desigualdad como norma judicial.

Más allá de la retórica jurídica, lo ocurrido con el caso SQM revela algo mucho más profundo: la imposibilidad del sistema chileno de juzgar al poder. Cuando los acusados son políticos o empresarios, el aparato judicial se vuelve prudente, cuidadoso, garantista. Las mismas normas que aplastan a los pobres se vuelven generosas con los poderosos. El derecho a defensa se transforma en blindaje, y el principio de inocencia en un escudo perpetuo. Todo se vuelve tan técnico, tan lento, tan formal, que el delito se disuelve en los plazos, en las audiencias suspendidas, en las pruebas mal incorporadas. Así, el tiempo -no la verdad- termina dictando sentencia.

Lo que presenciamos no es solo el fracaso de una investigación. Es la confirmación de un modelo. Un modelo de justicia diseñada para parecer, no para actuar; para citar a los poderosos, no para condenarlos. Un modelo donde los fiscales acusan para la prensa y se rinden en el tribunal, donde los jueces temen el escándalo político más que la injusticia, y donde el Estado renuncia a su deber de sancionar cuando el acusado tiene apellido conocido o patrimonio considerable. Es, en definitiva, un sistema de impunidad institucionalizada, que funciona como un espejo invertido del país: mientras los pobres siguen llenando las cárceles, los ricos llenan las sentencias absolutorias.

La absolución de los imputados en el caso SQM no cierra un capítulo, sino que inaugura otro: el de la desconfianza total en la justicia. Porque si después de una década de investigación, con fiscales, peritos, querellantes y fundaciones involucradas, nadie es condenado, ¿qué le queda al ciudadano común que denuncia una injusticia? ¿De qué sirve la ley cuando los poderosos siempre encuentran su grieta?

Chile tiene hoy un sistema procesal penal que se dice moderno, pero que se comporta como una máquina de dilación. Un Ministerio Público que confunde garantías con abandono, un Poder Judicial que confunde independencia con indiferencia, y un Servicio de Impuestos Internos que sigue siendo el guardián político de las grandes fortunas.

El veredicto del caso SQM es una radiografía de esa podredumbre institucional. No fue el derecho el que falló, fue su aplicación selectiva. No fue el Estado el que venció al delito, fue el tiempo el que venció al Estado. Y en ese silencio cómodo, en esa demora infinita, se esconde el verdadero rostro del poder en Chile: el de un país donde la justicia no se imparte, se administra; donde las sentencias no reparan, sino que anestesian; donde el crimen no se castiga, se negocia.

Esta no es una derrota jurídica. Es una derrota moral. Es el recordatorio brutal de que en Chile la corrupción no se castiga, se blanquea. Y mientras los jueces cierran los expedientes y los fiscales buscan nuevas conferencias de prensa, el país vuelve a aprender la lección más triste de todas: que, en este sistema, la justicia siempre llega tarde, y nunca para todos.