Poder Judicial en Ruinas: Entre el sicariato y los operadores del Capital

Por Miguel Ángel Yáñez Lagos, abogado DDHH y cofundador ContraPoder Chile

Acto I: El sicario que salió por la puerta ancha

Ocurrió en cuestión de horas. El 9 de julio de 2025, el ciudadano venezolano Osmar Ferrer Ramírez, presunto sicario del Tren de Aragua e imputado por el asesinato del empresario José Felipe Reyes en el Barrio Meiggs, fue enviado a prisión preventiva. Al día siguiente, salía caminando libre por la puerta del penal Santiago Uno, gracias a un supuesto “error administrativo” del mismo tribunal que había ordenado su encierro: el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

¿Error? ¿Descoordinación? ¿Confusión técnica? Así lo afirmaron la jueza Irene Rodríguez, el Poder Judicial y Gendarmería. Pero la gravedad de lo ocurrido trasciende con creces la excusa burocrática. No se trataba de un caso cualquiera, sino de un imputado por crimen organizado transnacional, con vínculos documentados a una de las bandas más peligrosas de América Latina. Aun así, el sistema lo dejó ir. ¿Quién responde? Nadie.

La fuga de Ferrer no fue solo una vergüenza internacional, fue una radiografía de una justicia automatizada, fragmentada, desbordada y, sobre todo, profundamente expuesta a intereses oscuros. Mientras los jóvenes mapuche son mantenidos años en prisión preventiva sin sentencia, un sicario vinculado al crimen organizado puede ser liberado con una resolución que ni siquiera fue publicada oportunamente en el sistema.

La prensa habló de desprolijidad. La Corte Suprema de “una debilidad estructural”. El gobierno expresó “preocupación”. Pero nadie se atrevió a decir lo obvio: este no es un hecho aislado. Es parte de una crisis terminal de legitimidad del Poder Judicial, cuyo nivel de cooptación y podredumbre ha quedado en evidencia en otros escenarios recientes.

Acto II: Hermosilla y la red que apesta desde adentro

El Caso Hermosilla, que estalló a fines de 2023 tras la filtración de audios donde el influyente abogado hablaba de pagos a funcionarios públicos, vino a confirmar lo que por décadas se ha denunciado desde sectores populares y organizaciones ciudadanas: la justicia chilena está secuestrada por mafias de cuello y corbata.

Las conversaciones revelaron no solo intentos de sobornar a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sino también la existencia de una red estructural de tráfico de influencias, corrupción judicial y protección política. Hermosilla no actuaba solo. Tenía acceso privilegiado a jueces, fiscales, ministros y grandes clientes del empresariado financiero.

Lo que en un país decente sería escándalo de Estado, en Chile fue absorbido por la institucionalidad como si se tratara de un “caso más”. La Corte Suprema reaccionó solo después de presiones mediáticas. La ministra Vivanco fue finalmente removida, pero sin consecuencias penales. La Fiscalía avanzó a paso lento. Y tras menos de un año en prisión preventiva, Hermosilla fue liberado por razones de salud, mientras se le permite estar en su casa, con pulsera, esperando un juicio que probablemente nunca lo condene.

Aquí la podredumbre ya no es una excepción: es el régimen. Lo de Hermosilla muestra que los operadores del poder no enfrentan las mismas consecuencias que los delincuentes pobres. Al contrario, son parte de una élite judicial, económica y política que negocia sentencias, reparte favores y manipula los hilos desde las sombras.

El hilo común: impunidad como política de Estado

¿Qué une a un sicario liberado por “error” y a un abogado corrupto liberado por “razones humanitarias”? Ambos son síntomas del mismo cáncer judicial: la impunidad estructural.

En el caso del sicario, el “error” no fue otra cosa que una falla sistémica habilitada por la desregulación interna, la falta de supervisión real, y el desinterés por aplicar un criterio de riesgo penal frente a crímenes organizados. En el caso de Hermosilla, se trata de la protección institucional que la élite judicial otorga a sus pares, incluso cuando los hechos son flagrantes y públicos.

Ambos casos exponen cómo el sistema judicial funciona con una doble vara:
• Para el pobre: prisión preventiva, rigidez procesal, demora en resoluciones, abuso de plazos, condenas durísimas.
• Para el poderoso: beneficios, interpretaciones flexibles, errores que resultan convenientes, y al final, impunidad.

Esta es la justicia neoliberal chilena: una maquinaria que no protege a la sociedad, sino que administra privilegios y castigos según la clase, el poder y el dinero.

¿Y ahora qué?

Si no hay consecuencias institucionales reales, si no se sanciona con fuerza a jueces, fiscales y funcionarios involucrados, si no se abre una comisión independiente que revise la captura del sistema de justicia, entonces seguiremos caminando hacia una justicia sin pueblo y con mafias.

Lo ocurrido con Ferrer y Hermosilla es la expresión más descarnada de una verdad que Chile ya no puede ignorar: el Poder Judicial, tal como está, no sirve al pueblo. Sirve a los operadores del poder, a los abogados de los grandes empresarios, a los que pueden pagar “por dentro” para salir libres, aunque hayan matado, defraudado o mentido.

Y mientras eso ocurra, la democracia estará herida, y el crimen, institucionalizado.